Al interior de la Contraloría General del Estado (CGE) trasciende que la encargada de despacho de la Contraloría, Barbara Galindo Ramos, es quien “frena” de tajo las diligencias, revisiones rutinarias y hasta las investigaciones de malversación de recursos federales y estatales en contra de servidores públicos del gobierno de Rocío Nahle García y el exgobernador, Cuitláhuac García Jiménez.
Galindo Ramos, alfil del exsubsecretario de Desarrollo Económico, Eduardo Vega Yunes, “Teto” (bautizado así por la gobernadora Rocío Ramos) carece, denuncian sus propios empleados, de experiencia y es “corta de miras” en temas de administración pública.
Barbara Galindo llegó como encargada de despacho a la CGE en febrero del 2026, una vez que se consumó la renuncia de Ramón Santos Navarro. Anteriormente, Galindo fue candidata del extinto partido “Fuerza por México” en la cabecera distrital de Boca del Río.
La hoy funcionaria nahelista siempre fue impulsada por el pequeño grupo político de Eduardo Vega Yunes, quien la enquistó en la Contraloría primero como subdirectora de Fiscalización de Recursos Federales y enlace ante la Auditoria Superior de la Federación (ASF) dependencia que ha puesto la mira sobre el uso de recursos públicos en diversas secretarias de Veracruz.
Y es que hoy Barbara Galindo, se quejan al interior de la Contraloría, vive por y para trabajar en cuestiones de “grilla política” ahora que su mentor, Eduardo Vega Yunes, será el próximo año candidato a la diputación federal de MORENA en el distrito de Xalapa, razón por la que menos atiende las diligencias que se llevan en la Contraloría ni los asuntos claves de corrupción y mucho menos para solventar o hacer un trabajo conjunto con la ASF, quien ha puesto la mira sobre las gestiones polémicas tanto en la Secretaría de Educación como en la Secretaría de Salud, pues hoy las prioridades están puestas en el calendario electoral 2027.
La encomienda en el servicio de Bárbara Galindo no es menor, es menester de ella vigilar el manejo de los recursos públicos al interior de la administración pública estatal a través de instrumentos de control interno que atiendan la transparencia, la rendición de cuentas y las responsabilidades administrativas; además a raíz de la extinción del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), la Contraloría atrajo toda la tarea de información, transparencia, protección de datos y rendición de cuentas.
Los resultados hasta ahora han sido deplorables.
