En el tapete político y social, el juicio político como una de las grandes estafas en el país.
Basta referir que en el Congreso de la Unión hay mil doscientas demandas por juicio político en contra de igual número de políticos y funcionarios públicos de acuerdo con exclusiva en el periódico Milenio.
Y las doscientas demandas… en la congeladora.
Incluso, en muchos casos, quizá la mayoría, han prescrito.
Entre otros, los juicios políticos, ajá, al ex gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Y acompañado de nueve funcionarios y políticos más acusado de narcotráfico por Estados Unidos.
Y a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos… por sus relaciones con la CIA en Chihuahua con sus agentes.
Y al exgobernador de Tabasco y ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, por nombrar secretario de Seguridad pública a Hernán Bermúdez, el famoso “El H”, jefe de la delincuencia organizada.
Y el juicio político, también congelado, en contra de Rosario Piedra Ibarra al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos impuesta por AMLO, el ex, y ratificada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La gran farsa del juicio político.
Igual, igualito, como la lucha, ajá, contra el nepotismo.
Y la rendición de cuentas.
Y la austeridad.
Y hasta los códigos de ética y buena conducta del gobierno.
Como dicen en el rancho, “puro atole con el dedo”.
